Destacados sobre el Cuaderno Económico 102º de ICE

El debate sobre la evaluación pública está más vivo que nunca. Recientemente, el Cuaderno Económico 102º de la Revista de Información Comercial Española (ICE) abordó este tema con expertas/os en la materia.

En este post se hablará de algunos de los documentos que se publicaron en esta última edición.

«La evaluación como proceso de aprendizaje: una necesidad del presente, una inversión de futuro”. De Sara de la Rica, Lucía Gorjón e Imanol Lizarraga de la Fundación ISEAK.

La evaluación ha emergido como una herramienta muy útil para las administraciones en la mejora de la toma de decisiones. Para ello, las instituciones públicas pueden valerse del recurso más valioso del que disponen: los datos administrativos. 

Los datos son vitales para una buena evaluación en todas las fases de una política, desde la evaluación ex ante, pasando por la de seguimiento, hasta la evaluación ex post o de impacto.

Las administraciones disponen de datos de gran calidad sobre numerosos aspectos socioeconómicos, laborales o fiscales de personas o empresas. No obstante, dichos datos rara vez están disponibles para su explotación.

Por ello, urge aprender de las buenas prácticas en materia de uso de datos, como la Base de Datos Integrada para la Investigación del Mercado Laboral de Dinamarca (IDA), que permite cruzar numerosas variables útiles para la investigación y la evaluación de políticas.

Como ejemplo, se muestra el uso de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de la Seguridad Social para la evaluación del impacto del contrato en prácticas en las trayectorias laborales de las personas jóvenes de España.

Las conclusiones son claras: las personas en prácticas no se benefician de una mayor permanencia en la empresa o de una mejora de las condiciones laborales. Así, los datos permiten poner sobre la mesa problemas que permanecían ocultos.

Sin embargo, las limitaciones de la información empleada impiden un análisis en mayor profundidad. Cruzar datos de empleados y de empresas, por ejemplo, permitiría conocer quién utiliza el contrato en prácticas adecuadamente y quién no.

Por ello, la mejora del uso de las bases de datos administrativas podría suponer un impulso renovador en la evaluación de políticas públicas en España. Sólo es cuestión de aprovechar la riqueza de información de la que se dispone.

“La gestión de los datos administrativos en España: diagnóstico y retos de futuro”. De Miguel Almunia, de CUNEF, y Pedro Rey Biel.

A día de hoy, disponemos de numerosos casos de buenas prácticas en el uso de las bases administrativas a nuestro alrededor. Sin embargo, en años recientes España se ha visto rezagada en este sentido.

Para un uso de datos públicos adecuado, en primer lugar, se deben considerar los debates sobre quién custodia los datos, que criterios de confidencialidad y transparencia se emplean o cómo acceder a los mismos.

Segundo, las administraciones españolas podrían recurrir a los modelos punteros en la materia, como el modelo de los países nórdicos, el Centro Seguro de Acceso a Datos de Francia (CASD) o el Centro de Datos para Investigación de Alemania.

Afortunadamente, no se parte de cero. En España hay ya algunas bases de datos administrativos para la investigación, como la Muestra Continua de Vidas Laborales, el Panel de Empresas-Trabajadores o el Panel de Declarantes del IRPF. Sin embargo, urge considerar sus limitaciones.

No obstante, estas bases de datos no siempre son poblacionales, por lo que dificultan la investigación científica con subgrupos muy específicos. Además, su cruce con registros administrativos y datos de los territorios forales resulta inviable.

Si bien algunas instituciones, como el Banco de España, el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Seguridad Social han avanzado en años recientes en este sentido, el diseño coordinado de un sistema de acceso a datos públicos es vital.

En el artículo se incluyen asimismo algunas propuestas de interés, desde el uso del INE como un repositorio centralizado de datos hasta el acceso remoto a los mismos, pasando por el cruce de bases de datos de diversos orígenes.

Una pequeña iniciativa en dirección a un mayor uso de los datos para la investigación puede así suponer un gran salto adelante en la mejora de las políticas públicas y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Israel Arroyo y José Fernández-Albertos, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hablan desde dentro de la administración en: “Los retos de la explotación masiva de datos administrativos para la investigación y las políticas públicas: una visión desde dentro de la Administración”.

Para avanzar en el uso de los datos administrativos para la investigación es necesario contar con la experiencia de quien los gestiona: las propias administraciones públicas.

En el presente artículo se desgranan algunos de los principales obstáculos que se encuentran las administraciones públicas para cubrir el déficit del uso de las bases de datos administrativas.

La primera dificultad encontrada para el uso de los datos administrativos es la finalidad con la que se recogen: siendo para la gestión interna de las administraciones, y no para su explotación externa, pueden existir notables limitaciones.

En este sentido, los países referentes de nuestro entorno han tenido que centrar sus esfuerzos en la creación de nuevos registros centralizados donde depositar los datos administrativos y adaptarlos para su uso en investigación.

En segundo lugar, la estructura legal española es muy garantista en cuanto al uso de datos administrativos y la confidencialidad dificulta su explotación externa, aun bajo ciertas garantías de protección de datos y compromisos por ambas partes.

Adicionalmente, la fragmentación competencial entorpece una coordinación de la recolección, almacenamiento y tratamientos de datos, con reglas diferentes, compromisos adquiridos diversos y poca comunicación.

Además, las administraciones españolas carecen de una cultura de la evaluación arraigada, por lo que apenas hay incentivos para liberar bases de datos. Todo esfuerzo en la materia ha provenido exclusivamente de la iniciativa propia.

Para salvar estos obstáculos, se proponen algunas recomendaciones fundadas, como un marco legal que dé seguridad jurídica, la creación de espacios de intercambio de información o la incorporación de perfiles expertos en datos a la administración.

En definitiva, dentro de la administración pueden existir los incentivos adecuados para hacer de los datos administrativos una herramienta accesible y de utilidad social. Pequeñas reformas pueden suponer grandes mejoras a medio plazo.

Por último, José García Montalvo, de la UPF de Barcelona, nos muestra el potencial de las bases de datos masivas y la IA en: “Investigación económica y datos masivos: mercados, fines sociales y colaboración público-privada”.

En este cuarto artículo se estudian las perspectivas del uso de bases de datos masivas para la investigación, la colaboración con el sector privado y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático que pudieran incrementar su uso.

La expansión de las técnicas más avanzadas de recolección y tratamiento de datos masivos podría suponer un gran salto cualitativo para el sector público. Así, el big data, el machine learning o la inteligencia artificial ya están siendo empleados con propósitos privados.

A día de hoy, la banca, los mercados financieros, la logística o las telecomunicaciones ya se benefician de esta expansión cualitativa. Es sólo cuestión de tiempo que estos métodos se trasvasen a la resolución de retos sociales.

La gestión de los datos administrativos podría ser una de las primeras beneficiarias de este avance científico. Sin embargo, la colaboración para unir bases de datos administrativas con datos privados podría ser aún más prioritaria.

Esta colaboración se ha visto fortalecida recientemente a propósito de la pandemia de Covid-19. Con necesidad de datos actualizados a gran escala, las administraciones públicas han recurrido a bases de datos privadas para guiar sus decisiones.

No obstante, existen en ocasiones reticencias al uso de datos privados por parte de instituciones públicas, como se desprende de la polémica sobre la compra del INE de datos de geolocalización a varias compañías telefónicas para investigación de la movilidad.

Además, el artículo profundiza en los posibles problemas derivados del uso de datos masivos, como la pérdida de anonimidad en la sociedad, los inevitables sesgos discriminatorios de los algoritmos o el uso de datos privados para objetivos poco éticos.

Teniendo en cuenta todas las anteriores potencialidades y limitaciones, en el artículo se incluye un alegato favorable al uso del big data para la investigación económica a gran escala, por su potencial utilidad para la resolución de los problemas sociales más acuciantes.