El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas

REDEV celebra el avance que esta ley supone para la evaluación de políticas públicas en España y para mejorar la calidad de la gobernanza

La transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía dan un paso más en España, tras la aprobación ayer del anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado.  Esta nueva norma, que el Gobierno quiere tramitar por la vía de urgencia, se incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su principal objetivo es fortalecer, sistematizar y dar estabilidad al proceso de análisis de las diversas políticas que se ponen en marcha desde el Estado Central.

Desde REDEV, celebramos el avance que supone esta ley para la evaluación de políticas públicas en España, ya que permitirá mejorar las acciones del Gobierno, al poder apoyar sus decisiones en información contrastada y medida, así como proponer correcciones de las políticas desarrolladas y, en última instancia, rendir cuentas a la ciudadanía.

Los principales elementos que contempla la nueva norma son el establecimiento de un mecanismo de planificación estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, para lo cual se diseñará un sistema de indicadores comunes. Además, se pretende reforzar la evaluación ‘ex ante’, previo a la aprobación de las políticas públicas, y se quiere emplear los resultados de las evaluaciones para mejorar esas políticas.

Se pretende fomentar una cultura evaluadora en el conjunto de la Administración, propiciando un cambio en los paradigmas al integrar la evaluación de políticas públicas como herramienta de mejora, rendición de cuentas y transparencia.

Además, la nueva ley contempla la creación de un organismo, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para coordinar y supervisar el sistema público de evaluación.

España abordará de manera transversal la evaluación de las políticas públicas, con el fin de analizar y evidenciar el impacto de estas políticas en cuestiones tan determinantes para la sociedad y la mejora del Estado de Bienestar como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la despoblación y el reto demográfico, el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la adecuación a la normativa y las directrices europeas o la adecuada alineación de las distintas intervenciones públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La norma, que ahora inicia el trámite de consultas, aprobará los conceptos y características generales en evaluabilidad y evaluación de políticas públicas, ya sea ‘ex ante’, intermedia o ‘ex post’.

La ley contempla la creación de un sistema de indicadores comunes para acometer los procesos de seguimiento de las políticas, aplicable a la Administración General del Estado y que servirá de referencia para cualquier organismo o administración pública. Asimismo, la norma permitirá diseñar una estructura organizativa para la gobernanza de la práctica evaluadora, así como definir los procesos, sistema de recogida de datos e indicadores y la planificación básica en materia evaluadora en la Administración General del Estado. En ese sentido, con carácter general, la evaluación de políticas públicas se realizará por un equipo externo al órgano responsable de la política pública a evaluar. Además, la ley contempla el diseño de planes específicos de formación en evaluación de políticas públicas para los empleados públicos.

La Ley en tramitación también establece cómo se llevará a cabo la evaluación de las políticas públicas a nivel estatal. Y para ello, se establecen dos instrumentos:

  • El Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno, de carácter cuatrienal y que será aprobado por parte del Consejo de Ministros tras su elaboración por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. Mediante este plan cuatrienal se evaluarán las políticas públicas que se consideran relevantes y estratégicas desde el punto de vista social y económico.
  • El Plan de Evaluación departamental, elaborado por cada Ministerio. Este tendrá una periodicidad bienal y contempla tanto la obligación de evaluación ‘ex ante’ y ‘ex post’ de las políticas de relevancia para cada departamento; y la obligación de efectuar una evaluación intermedia en las políticas que duren cuatro años o más. Este Plan departamental será aprobado por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, tras su presentación a la Comisión Superior de Evaluación.

Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas

Precisamente, la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas es una de las medidas principales que contempla la norma. Este nuevo organismo se encargará de supervisar, coordinar e impulsar el sistema público de evaluación y de acompañamiento, apoyo y tutela a los departamentos ministeriales. Esta agencia se encargará de diseñar dos herramientas clave para avanzar en los procesos digitales de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier acción pública:

  • Un servicio web común para todos los Departamentos, diseñado específicamente teniendo en cuenta las peculiaridades de la planificación pública, que permita realizar el seguimiento de los indicadores de los proyectos, así como en su caso, de los principales hitos y avances.
  • El diseño de un portal temático sobre evaluación, en el que se incluirá el portal de comunicación institucional, y que se constituirá como nodo digital de la red de expertos, y de renovación y refuerzo de los procedimientos y sistemas tradicionales de coordinación e intercambio de datos, así como de transparencia.

Con la idea de constituir una estructura que consolide el marco institucional de la evaluación de políticas públicas, además, se pondrán en marcha unidades de coordinación departamentales, encargadas de coordinar y efectuar el seguimiento de las actividades de evaluación de políticas públicas de cada Ministerio. Para fomentar la coordinación entre las diferentes carteras del Gobierno se creará la Comisión Superior de Evaluación, un órgano colegiado interministerial de cooperación y participación en la Administración General del Estado. Asimismo, se propiciará la participación de la sociedad civil mediante la creación de un Consejo General de Evaluación, donde entidades, organizaciones y asociaciones ayudarán al fomento de la cultura evaluadora.